Por Bruno Cortés
La diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la LXVI Legislatura, encabezó en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Primer Encuentro Nacional de Servidores Públicos con Discapacidad. El evento reunió a funcionarios de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de evaluar la representación institucional de este sector poblacional.
De acuerdo con datos presentados durante la jornada, en México habitan aproximadamente 7.1 millones de personas con alguna condición de discapacidad o limitación física o mental. No obstante, la participación formal de este grupo dentro de la administración pública federal, estatal y municipal registra un rezago respecto a las metas de equidad y acceso al empleo institucional.
La legisladora precisó que el encuentro busca sistematizar las experiencias directas de las y los trabajadores con discapacidad que operan en dependencias públicas. La recolección de diagnósticos regionales servirá como insumo para el diseño de reformas legislativas orientadas a eliminar las barreras físicas, tecnológicas y administrativas en las oficinas de gobierno.
Durante las mesas de trabajo, se destacó la necesidad de establecer mecanismos de medición claros para verificar la efectividad de las políticas de contratación inclusiva. Herrera Villavicencio puntualizó que el cumplimiento de los marcos normativos no debe limitarse a la cobertura de cuotas simbólicas, sino a garantizar la movilidad y autonomía técnica de los empleados.
Entre las principales demandas operativas planteadas por los asistentes figuraron la adecuación de la infraestructura en edificios gubernamentales locales, la implementación de formatos accesibles en plataformas digitales de trámites y la dotación de insumos técnicos especializados para trabajadores con deficiencias visuales, auditivas o motrices.
El diagnóstico legislativo revela que, si bien la Cámara de Diputados ha avanzado en materia de accesibilidad arquitectónica y representación normativa, la instrumentación de estas directrices en el nivel municipal presenta marcadas asimetrías debido a restricciones presupuestales y vacíos en los reglamentos internos.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables integrará las conclusiones del encuentro en un expediente de trabajo que será remitido a las comisiones parlamentarias correspondientes y a las dependencias del Ejecutivo. El objetivo es construir una agenda de reformas operativas aplicables al ejercicio fiscal inmediato.
